DERECHO A LA SALUD

La pandemia por el COVID-19 declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 demarzo del 2020, ha generado una serie de problemas en dos ámbitos que están asociados, salud y economía. Una de las principales medidas adoptadas por la mayoría de países al iniciar la primera ola de contagios, en Costa Rica el primer caso se registra el 6 de marzo del 2020, fue el confinamiento. Está medida fue efectiva, en la contención del contagio. Sin embargo, el efecto secundario, la externalidad negativa, es una disminución de la producción.

El suicidio es considerado un problema de salud pública que afecta cada vez más a la población y que refleja la importancia de la salud mental para el bienestar y calidad de vida de las personas. En Costa Rica se han venido realizando esfuerzos por contribuir a mejorar la salud mental por lo que conocer los determinantes sociales de la salud asociados al suicidio funciona como evidencia para seguir generando acciones dirigidas al mejoramiento de la salud mental.

Este análisis busca estudiar los patrones de utilización de los servicios de salud de la población migrantes, especialmente de origen centroamericano, en el territorio de Costa Rica. El objetivo es identificar si las formas y lugares de asentamiento de la población migrantes tienen implicaciones en el uso de los servicios de salud, es decir, que estos afecten la utilización de servicios de salud, cuando la persona está enferma y por razones preventivas, la utilización de servicios públicos o privados, o si termina pagando o no por el servicio de su bolsillo.