Tema
2: Lectura 1
Tomado de:
Health
Policy: An Introduction to Process and Power
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Políticas
de salud: Una introducción sobre el proceso y el poder
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Por
Gill Walt
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Capítulo
3:
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El proceso
de las políticas y el poder
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Las teorías sobre cómo
hacer políticas tienen que ver con procesos. Constituyen
modalidades de análisis que se concentran en procesos
de toma de decisiones, pero algunos asumen una visión
macro y otras una visión micro. Las teorías
macro consideran esencialmente el poder en los sistemas políticos,
y pueden ser diferenciadas por temas: consenso o conflicto.
En el último capítulo vimos el enfoque de sistemas
de Easton, que hacía énfasis en las respuestas
de todo el sistema político a las demanda que le hacía
el ambiente, y cómo las políticas retroalimentaban
el sistema político para asegurar que el consenso permaneciera.
En este modelo, el poder político se percibe como la
habilidad del gobierno de decidir en forma colectiva y poner
en práctica las políticas acordadas. El segundo
tema –el enfoque de conflicto al sistema político-
se concentra en quién hace políticas: un número
pequeño de élites o muchos grupos diferentes.
Desde esta perspectiva, el poder político consiste
en la habilidad de imponer políticas que puedan tener
oposición. Es un ‘problema del poder sobre otros, más
que poder para lograr objetivos compartidos’ (Hague et al.
1992: 9).
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Las teorías micro sobre
cómo hacer políticas se concentran menos en
los sistemas políticos y más en los mecanismos
y la rutina administrativa de la toma de decisiones. Estas
teorías varían a lo largo de un continuum de
modelos de toma de decisiones de racionalidad en un extremo,
a los modelos incrementalistas en el otro.
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En este capítulo juntamos
las teorías macro de consenso y conflicto, y las teorías
micro de cómo hacer políticas, porque aún
las micro-teorías sobre cómo se toman las decisiones
deben lidiar con quién influye en las políticas.
Plantean la pregunta: ¿es posible formular políticas
racionales si muchos grupos insisten en que sus peticiones
sean satisfechas?
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Poder: ¿quién
influye en las políticas?
Una forma muy común
de ver la democracia es que hay muchas maneras en las cuales
la gente puede participar en el proceso de políticas
para influir en los gobiernos para que promuevan las políticas
que quieren. Esta perspectiva no es universal, sin embargo,
algunos alegan lo contrario: el poder está en manos
de unos pocos, y la mayor parte de las políticas son
decididas por un grupo pequeño de élites dentro
del gobierno o hasta fuera de él. Este capítulo
explora estas teorías para ver qué parece ser
más relevante para las políticas de salud.
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La perspectiva pluralista
La perspectiva pluralista clásica
es que el poder está distribuido en toda la sociedad:
que ningún grupo tiene todo el poder sobre otros. Los
pluralistas basan sus argumentos en las observaciones siguientes
dentro de las democracias liberales (Smith 1977):
1. La equidad política
y el individualismo están protegidos por los derechos
políticos fundamentales al voto y a la libertad
de expresión. El acceso al gobierno está
garantizado mediante la elección electoral, mediante
el cabildeo y otras formas de actividad de presión
grupal y mediante los medios masivos políticamente
libres.
2. La debilidad del ciudadano
individual se compensa con el derecho y la habilidad de
todos de organizar grupos y asociaciones para la acción
política. Este nivel de participación ciudadana
permite cierto nivel de expresión de oposición
que sirve para controlar o dirigir la disensión
política.
3. El estado en una sociedad
pluralista no es monolítico: se considera como
un conjunto neutral de instituciones que juzga entre intereses
sociales y económicos en conflicto.
4. Aunque el estado tiene
sus élites, el estado pluralista se caracteriza
por una pluralidad de élites. Ninguna élite
particular domina todo el tiempo.
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Lo que se espera de un proceso
pluralista de políticas es que los resultados de las
políticas sean sabios y en interés del público
colectivo porque han logrado apoyo de mayorías y porque
el gobierno es el árbitro insesgado entre muchos intereses
rivales. Sin embargo, muchos cuestionan la perspectiva de
que el estado (o gobierno) es un negociador neutral entre
los distintos intereses. Por ejemplo, los teóricos
de la elección pública alegan que, lejos de
ver el sistema político como un sistema en que el gobierno
mantiene el balance entre los diferentes grupos que batallan
y negocian por sus propios intereses, el gobierno de hecho
tiene mucho poder fuertemente enlazado a los intereses de
otras instituciones poderosas como las militares, las fuentes
de capital, los consejos de los bancos, las corporaciones
grandes o transnacionales y hasta las organizaciones internacionales
fuera del estado. Estas instituciones forman poderosas coaliciones
de intereses, y solo promueven políticas que sirven
sus propios intereses.
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Por ejemplo, en los setenta,
muchos observaron la existencia de coaliciones de intereses
de la industria (representando el capital) y del ámbito
laboral (representando a los trabajadores), que juntas formaron
poderosos grupos de interés corporativos. Tales grupos
se hicieron tan grandes (especialmente grupos empleado-empleador)
que fueron regulados por unos pocos líderes que trataban
con el gobierno, pero que estaban muy distantes de sus miembros
fundamentalmente pasivos (a quienes representaban). Se alegaba
que los gobiernos veían con buenos ojos el "corporalismo"
porque era más fácil lidiar con un grupo poderoso
que con muchos – y el estado también podía esperar
que los líderes controlaran cualquier conflicto de
intereses entre los miembros. Sin embargo, no siempre ocurrió
así: el Trades Union Congress (TUC) en Gran Bretaña,
un cuerpo corporativo que negocia con el gobierno de parte
de muchos sindicatos del país, fue debilitado sistemáticamente
por el gobierno en los ochenta, y las principales relaciones
corporativas que quedaron fueron entre el gobierno y la comunidad
empresarial. En Tailandia el gobierno estableció Comités
de Coordinación Conjunta Pública y Privada (JPPCC)
para diferentes sectores y uno central para la economía
como un todo, para facilitar una estrecha coordinación
entre los sectores público y privado. Los JPPCC han
sido usados por las empresas para remitir quejas o peticiones
al gobierno central (Bennett y Tangchroensathien 1994).
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La perspectiva elitista
El marxismo ofrece la base
teórica para muchas teorías elitistas que sugieren
que la elección y el cambio de políticas está
dominado por clases sociales particulares, y que la función
primaria del estado es asegurar el dominio permanente de estas
clases.
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Estas teorías son apoyadas
por alguna evidencia empírica que sugiere que los vínculos
entre ciertas clases en la sociedad y las posiciones superiores
de la toma de decisiones son muy estrechos. Un estudio en
Gran Bretaña en los setenta mostró que el 40%
de los tres rangos superiores del ejército británico
estaban conectados por nacimiento o por matrimonio a los miembros
de la élite económica o estatal –ministros de
gabinete, diplomáticos de trayectoria y financistas
principales. Un estudio clásico de los EEUU sugiere
que tres grupos traslapados dominaban las posiciones superiores
a nivel federal: líderes políticos, lideres
de corporaciones y líderes militares, y que muchos
de ellos habían ido a las mismas escuelas y universidades,
algunos tenían incluso lazos de sangre (Wright Mills
1956). Hoy la teoría de Wright Mills podría
ser considerada como una forma de corporalismo, que sostiene
que los representantes electos han estado perdiendo poder
frente a los intereses institucionales (grandes empresas,
los militares y en algunos casos, los sindicatos) y frente
a un núcleo interior más pequeño de las
autoridades normativas del gobierno (Hague, Harrop y Breslin
1992).
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En muchos países del
Tercer Mundo, los burócratas, los empresarios, los
profesionales, los militares y el gobierno forman círculos
de políticas muy cerrados que constituyen, para todo
propósito, una clase dominante o imperante. En algunos
países, pueden ser tan pocos que pueden ser reconocidos
como élites por sus apellidos.
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Los elitistas concluyen que
las formas pluralistas de ver el poder y la influencia en
el proceso de política es incorrecta y basan sus argumentos
en lo siguiente:
1. La élite política
solo está abierta a los miembros de las clases
económicamente dominantes – son ellos quienes realmente
influyen en las políticas. Está claro que
en algunos países esta élite es muy pequeña
– incluye los militares y puede tener un dominio completo
sobre el poder. Este es un patrón común
en algunos países latinoamericanos y africanos.
2. Está claro que
no todos los grupos de interés son igualmente poderosos.
Están al frente de distintos niveles de recursos
y tales inequidades afectan la medida en que su influencia
se extiende. Los grupos que representan negocios (la industria
de licores o la industria farmacéutica, por ejemplo,
o grandes productores como los finqueros de tabaco) que
afectan el crecimiento comercial y económico nacional
tienen más influencia en las autoridades normativas
del gobierno que los grupos que representan las industrias
de servicio (peluqueros o enfermeras). En el campo de
la salud, los profesionales médicos de alto nivel
pueden tener un importante efecto directo o indirecto
sobre, por ejemplo, las políticas sobre el potencial
humano en el área de la salud. Los doctores suelen
tener la última carta de negociación con
los gobiernos – pueden dejar el país y practicar
su profesión en otra parte. En lugares donde escasean,
como en muchos países del Tercer Mundo, esto representa
una amenaza real, aunque indirecta, para el gobierno.
Los conserjes de los hospitales o las parteras no tienen
el mismo nivel de influencia. El poder potencial de un
sindicato empresarial (que puede llamar a todos sus miembros
a huelga, con un daño potencial para la economía
nacional) es mucho mayor y se siente más directamente
que un grupo pacifista preocupado por el crecimiento en
el armamento nuclear.
3. El pluralismo se concentra
en el proceso de políticas del gobierno, pero ignora
el poder que la dominación económica confiere
fuera de las áreas de actividad estatal (especialmente
entre las compañías transnacionales y las
organizaciones internacionales). Las corporaciones transnacionales
operan a través de las fronteras nacionales y pueden
ejercer considerable presión sobre los gobiernos.
Su arma final es retirar las inversiones. En los capítulos
siguientes vemos cómo las corporaciones transnacionales
de tabaco y licores han influido en las políticas
de salud en muchos países de Europa Oriental y
del Tercer Mundo. Muchas organizaciones internacionales
están dominadas por los poderosos países
industrializados, los cuales no solo han influenciado
las condiciones del comercio mundial en detrimento del
Tercer Mundo, sino también han sido capaces de
obligar a algunos países del Tercer Mundo a introducir
cambios drásticos en las políticas económicas
domésticas. Muchos ministros de salud en África
son testigo de la influencia de las organizaciones internacionales
en el establecimiento de sus agendas de políticas.
Por ejemplo, durante los ochenta la promoción entusiasta
de la UNICEF de las intervenciones GOBI (seguimiento del
crecimiento, rehidratación oral, lactancia e inmunización)
limitó la búsqueda de otras políticas
en algunos países.
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Sin embargo, al analizar la
forma como se desarrollan las políticas, muchos creen
que la perspectiva elitista del sistema político exagera
la capacidad de ejercer el poder de las élites. Las
no-élites desafían las élites – y las
políticas gubernamentales cubren tantas áreas
que es fácil observar que hay múltiples grupos
compitiendo por la consideración de asuntos específicos.
Aún en los países en desarrollo, donde los grupos
de interés no están siempre suficientemente
organizados para ejercer presión efectiva sobre los
oficiales de gobierno, ciertos grupos tendrán acceso
al gobierno mediante, por ejemplo, los cuerpos profesionales
o la iglesia. Hall et al. (1975) sugieren una teoría
del poder conciliadora. Su idea de pluralismo limitado
sugiere que los asuntos de política superior–básicamente
cuestiones económicas- son decididos dentro de un esquema
elitista, pero que la mayoría de las políticas
domésticas de rutina sobre salud, educación,
transporte y vivienda tienden a ser desarrolladas a lo largo
de líneas pluralistas, con alguna participación
de diferentes grupos en diferentes etapas del proceso de políticas.
Puede ser que con los asuntos no controversiales haya espacio
para maniobrar en el proceso de las políticas, y el
gobierno puede estar abierto a influencias de distintas fuentes,
en tanto las autoridades normativas del gobierno las perciban
como legítimas. Por supuesto, puede alegarse que aún
las políticas domésticas están afectadas
por políticas económicas, y que por lo tanto,
en última instancia, todas las políticas están
en manos de una élite dominante. Sin embargo, esta
es una negación tan fuerte de la habilidad de la gente
para cambiar las políticas que yo todavía apoyaría
la idea de que hay un espacio de políticas limitado
en la mayoría de las democracias liberales y algunos
otros sistemas políticos en los que hay campo para
maniobrar, para desafiar y cambiar las políticas gubernamentales.
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El mismo problema es considerado
por Lindblom (1979), quien concluye que los asuntos de políticas
se dividen en dos categorías: aquellos sobre problemas
ordinarios de políticas, y aquellos que constituyen
los grandes problemas relacionados con la estructura fundamental
de la vida político-económica. Sobre la primera
categoría ve muchos grupos participando activamente.
Sobre los grandes asuntos sugiere que la participación
es débil y hasta ausente:
En la política,
el tratamiento de los grandes problemas está gobernado
por un algo grado de homogeneidad de opinión –con
fuerte endoctrinamiento, agregaría yo (Lindblom
1979: 523).
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A muchos de estos asuntos se
les da más seguimiento en el capítulo 6.
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El proceso: ¿qué
son las políticas y cómo se hacen?
Hasta ahora hemos deliberadamente
usado las palabras toma de decisiones y hacer políticas
como sinónimos. Algunos analistas diferencian las políticas
de las decisiones más que nada porque las políticas
son más que las decisiones –las políticas normalmente
involucran una serie de decisiones específicas, algunas
veces en una secuencia racional (Hogwood y Gunn 1984). Harrop
(1992:1) sugiere que una decisión es una ‘selección
más o menos explícita entre una gama de opciones’,
mientras las políticas involucran ‘un conjunto de decisiones
y cómo se llevan a la práctica’.
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Sin embargo, en la vida diaria
la distinción entre las políticas y las decisiones
suele ser nebuloso: simplemente no pueden ser diferenciadas
como niveles macro y micro de la realidad. Las autoridades
normativas nunca empiezan con hojas en blanco de posibilidades
infinitas –las decisiones previas afectan las políticas
actuales. Las decisiones ad hoc de los gobiernos (sobre
permisos de maternidad, escuelas maternales, horas de escuela)
pueden en conjunto llevar a políticas implícitas
obligatorias (desmotivar a las mujeres para unirse a la fuerza
laboral). Por estas razones, en el esquema general de este
libro, la toma de decisiones y hacer políticas se usan
a menudo como sinónimos.
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También hay confusión
sobre lo que significa políticas y el contexto en que
se usa. Un comentarista del escenario económico británico
en cierto momento de incertidumbre hizo ver con sarcasmo:
Una palabra curiosa se
está usando para describir la última ronda
de improvisación económica del gobierno.
Se le está llamando ‘políticas’ … ¿Cuáles
políticas? Las políticas deben ser algo
más que una convulsión eléctrica.
Deben tener piernas para distancias más largas
que las requeridas para ‘un arranque de crecimiento’.
Deben tener algún fin a la vista más allá
de ver un gobierno confuso durante el próximo mes
(Ignatieff 1992: 25).
Continuó diciendo:
las políticas no
tratan de sobrevivir hasta el viernes. Ni deben ser confundidas
con estrategia, que es llegar a la Navidad. Las políticas
es la selección de formas no contradictorias de
lograr fines no contradictorios a mediano y largo plazo.
Las políticas son el hilo de convicción
que evita que un gobierno sea prisionero de los eventos
… (Ignatieff 1992: 25).
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Otros usos de las políticas
señalados por Hogwood y Gunn (1984) son etiquetas
para un campo de actividad (por ejemplo, hablar sobre
las políticas económicas o las políticas
sociales del gobierno), o como una expresión de
propósito general o un estado deseado de cosas
(por ejemplo, ‘las políticas del gobierno consisten
en construir una nueva sociedad, libre de explotación’)
o como una propuesta específica (por ejemplo,
‘las políticas de la universidad es dar a los estudiantes
el derecho de participar en todos los cuerpos de gobierno
dentro de la universidad a partir del año entrante’,
o a veces se usan las políticas para referirse a un
programa. Por ejemplo, el gobierno puede hablar sobre
su programa de salud escolar, que incluye la legislación
que impide a los niños empezar la escuela antes de
ser completamente vacunados contra la mayoría de las
enfermedades infantiles prevenibles con vacunación,
y proveer para las inspecciones médicas, las comidas
escolares subsidiadas y la educación de salud obligatoria
en el currículum escolar. El programa es, entonces,
la incorporación de las políticas para los niños
de escuela.
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En este libro las políticas
se usan para referirse a una serie de actividades más
o menos relacionadas y sus consecuencias deseadas y no deseadas
para los interesados, más que una decisión
aislada. Las políticas normalmente están dirigidas
hacia el logro de algún propósito o meta y se
definen como:
un curso de acción
seguido por un actor o conjunto de actores para lidiar
con un problema o asunto de preocupación (Anderson
1975: 3).
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Las políticas públicas
son aquellas políticas desarrolladas por los cuerpos
y oficiales gubernamentales y se concentran en una acción
intencional por o para los gobiernos. Las políticas
involucran la decisión de actuar respecto a algún
problema particular, pero incluye decisiones subsiguientes
relacionadas con su implementación y cumplimiento.
Las políticas deberían involucrar más
que la intención o la declaración de intención
–deben representar lo que los gobiernos realmente hacen. Sin
embargo, dado que la elección del gobierno de no
hacer algo puede representar sus políticas (varios
gobiernos sucesivos de EEUU escogieron no introducir un sistema
de salud universal, sino depender de las fuerzas del mercado
para satisfacer las necesidades de salud de la gente), las
políticas deben incluir lo que los gobiernos dicen
que harán, lo que hacen realmente y lo que deciden
no hacer. Al considerar las políticas públicas,
estamos interesados en las instituciones formales del gobierno:
ellos proveen la estructura dentro de la cual sucede el proceso
de políticas.
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Las políticas
de salud abarcan los cursos de acción que afectan el
conjunto de instituciones, organizaciones, servicios y arreglos
de financiamiento del sistema de atención de la salud.
Va más allá de los servicios de salud, pues
incluye acciones o acciones deseadas por las organizaciones
públicas, privadas y voluntarias que tienen un impacto
en la salud. Esto significa
que las políticas de salud consideran los efectos ambientales
y socio-económicos sobre la salud, así como
la provisión de atención de la salud. Sin embargo,
muchos libros sobre política de salud se concentran
solo en el sistema de atención de la salud. Nancy Milio
(1987) prefiere hablar de políticas públicas
saludables para diferenciar la definición amplia
de la definición más limitada.
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Tipos de políticas
Las políticas varían
y el tipo de políticas puede afectar la conducta política.
Una forma simple de diferenciar las políticas es dividirlas
en ‘políticas superiores’ y ‘políticas inferiores’.
Estos términos son tomados del campo de las relaciones
internacionales, donde las políticas superiores se
definen como:
la conservación
de los valores centrales –incluyendo la auto-preservación
nacional- y los objetivos a largo plazo del estado (Evans
y Newnham 1992: 127).
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Las políticas inferiores
son asuntos que
no se ven como que involucren
problemas fundamentales o claves relacionados con los
intereses nacionales de un estado, o de grupos importantes
y significativos dentro del estado (Evans y Newnham 1992:
184).
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Por lo tanto, las decisiones
económicas principales (devaluación de la moneda)
o las crisis de seguridad nacional (conflictos de fronteras)
son políticas superiores, y pueden estar influenciadas
por unos pocos grupos poderosos que esencialmente constituyen
lo que se llama una clase dominante. En estas situaciones,
el gobierno tiende a relacionarse solo con grupos considerados
importantes para la economía y la seguridad política
de la nación (representantes de los sectores financieros
y militares) y el proceso de políticas tiende a ser
relativamente cerrado. En la salud, las reformas del sector
salud pueden ser tratadas como política superior, dependiendo
de la medida en que son percibidas por las autoridades normativas
como algo crítico. La introducción de políticas
esenciales sobre medicamentos o listas restringidas de medicamentos
también puede ser asunto de políticas superiores,
donde las políticas son definidas por unas pocas élites
(ver recuadro 8.1 sobre Bangladesh). En este libro me refiero
a las políticas que consideran asuntos de política
superior como políticas sistémicas o
macro políticas. Estas políticas son
normalmente del dominio del gobierno, formuladas por el gobierno
y pasadas como leyes mediante la legislación.
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Sin embargo, sobre toda una
serie de asuntos ordinarios –o de política inferior-
el proceso de políticas puede ser mucho más
abierto. Los grupos con intereses especiales pueden tener
un acceso considerable al gobierno, y pueden tener oportunidades
para influir en las políticas. Claro que esto varía
mucho y es generalmente más común en los países
desarrollados que en los países en desarrollo. Sin
embargo, aún en los ambientes de políticas más
cerrados de muchos países del Tercer Mundo, las organizaciones
no gubernamentales, la iglesia y los grupos profesionales
pueden influir en algunos tipos de políticas propias
de la política inferior. En la salud, muchas políticas
entrarían en la categoría de política
inferior. Las políticas que consideran los asuntos
de política inferior son denominadas políticas
sectoriales o micro políticas. Las políticas
sectoriales pueden no ser consideradas por el gobierno como
un todo, sino más bien por el departamento responsable
de ese sector o a niveles sub-nacionales, y pueden ser comunicados
a través de circulares o cartas más que mediante
la legislación. Estos diferentes tipos y niveles de
políticas se presentan en el Cuadro 3.1, con ejemplos.
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Cuadro 3.1 Tipos y niveles
de políticas
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Política
superior
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Política
inferior
(‘políticas
comunes’)
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Tipo de políticas
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Macro políticas
Políticas sistémicas
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Micro políticas
Políticas sectoriales
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Nivel de políticas
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Gobierno nacional
Gobierno estatal
Autoridad regional
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Ministro de Salud
Autoridad local de salud
Institución (ej. Clínica,
hospital)
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Ejemplo de políticas
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Regulación del sector
privado
Reforma de los salarios y condiciones
del servicio civil
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Introducción de tamizado
de pecho
Cambio en las políticas
de vacunas
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Aunque
esta visualización conceptual es útil, debe
recordarse que las políticas pueden cambiar con las
circunstancias: lo que parece ser un asunto de política
inferior (la clausura de un hospital) puede convertirse en
asunto de política superior debido a las acciones de
varios intereses, incluyendo los medios. Igualmente, las políticas
sistémicas pueden no ser percibidas como política
superior en un determinado momento, pero lo será en
otro. También las políticas sectoriales o micro
políticas pueden causar cambios incrementales en las
políticas, lo que a largo plazo, llega a ser un cambio
de políticas sistémico.
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Otra
forma de pensar sobre los tipos de políticas es definirlas
según sus efectos. Una tipología divide las
políticas en distributivas, reguladoras, auto-reguladoras
y redistributivas (Lowi 1964, adaptado de Palmer y Short 1989),
aunque estas no son exclusivas. Las políticas distributivas
consisten en la provisión de servicios o beneficios
a grupos particulares en la población, que no resultan
en ninguna desventaja o reducción obvia en los beneficios
de otros grupos. Como tales no son particularmente controversiales
y el proceso de políticas puede ser bastante abierto
y encontrar poca resistencia de parte de los grupos de interés
involucrados. La introducción de esquemas de trabajadores
de salud a nivel de pueblos sería un ejemplo de una
política distributiva. Las políticas reguladoras
involucran la imposición de limitaciones o restricciones
en la conducta de individuos o grupos (la prohibición
de la práctica privada de enfermeras y médicos,
por ejemplo). Debido a que están dirigidas a un sector
relativamente reducido de la población, aunque son
controversiales, no tienden a atraer la participación
de muchos otros grupos de interés. Las políticas
auto-reguladoras generalmente son procuradas por una
organización como medida para controlar su propios
intereses y puede introducirse para evitar la actividad de
grupos de interés. La Federación Internacional
de Asociaciones de Manufactura Farmacéutica introdujo
un Código de Prácticas de Mercadeo para sus
propios miembros en los ochenta para obstaculizar una ofensiva
de muchos grupos distintos y algunas compañías
farmacéuticas establecieron nuevos procedimientos para
la publicidad y rotulación de medicamentos después
de fuertes críticas de parte de grupos de consumidores.
Y finalmente, las políticas redistributivas
son aquellas que consisten en intentos deliberados del gobierno
para cambiar la distribución del ingreso o de la riqueza
(mediante impuestos progresivos, por ejemplo). Suelen ser
muy controversiales y pueden generar fuertes intereses grupales
tanto a favor como en contra.
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En
las políticas de salud, donde las políticas
normalmente tienden a caer en la categoría de política
inferior, como políticas distributivas o reguladoras,
parece razonable ver el proceso de políticas como pluralista
más que elitista. Muchos intereses distintos pueden
expresarse en relación a las políticas de salud,
desde grupos fuertes como los profesionales médicos
o los productores farmacéuticos, hasta grupos relativamente
débiles representantes de consumidores de servicios
particulares (diabéticos o aquellos con necesidad de
diálisis renal) y el gobierno tomará en cuenta
estos grupos en algún momento del proceso de políticas
(aunque no siempre). Esto no significa que las políticas
de salud están siempre libres de controversia o son
de política inferior. Los cambios vigentes en el financiamiento
de los sistemas de salud, por ejemplo, han sido objeto de
gran controversia en muchos países y los grupos de
interés, como los profesionales médicos, han
sido notablemente débiles al lidiar con determinados
gobiernos. Como veremos en el Capítulo 6, los insumos
pluralistas en la reforma del sector salud en Gran Bretaña
durante los ochenta también fueron limitados.
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Las
cuatro etapas de la toma de decisiones
Debido
a que las políticas son tan complejas, ha habido varios
intentos de esbozar un esquema que simplifique un proceso
que suele ser descrito como enredado, fortuito, aleatorio
y, por tanto, sin apertura al análisis sistemático.
El esquema de uso más común describe el proceso
de hacer políticas por etapas o fases, desde la identificación
del problema hasta la evaluación de las políticas.
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IDENTIFICACIÓN
DEL PROBLEMA Y RECONOCIMIENTO DEL ASUNTO ¿Cómo llegan
los asuntos a la agenda de políticas? ¿Por qué
algunos asuntos ni siquiera se discuten?
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FORMULACIÓN
DE LAS POLÍTICAS ¿Quién formula las políticas?
¿Cómo se formulan? ¿De dónde vienen las iniciativas?
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IMPLEMENTACIÓN
DE LAS POLÍTICAS Se puede decir que es el aspecto más
importante de las políticas –y sin embargo suele ser
tomado a la ligera. ¿Cuáles son los recursos disponibles?
¿Quién debe estar involucrado? ¿Cómo puede insistirse
en la implementación?
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EVALUACIÓN
DE LAS POLÍTICAS ¿Qué pasa una vez que las políticas
se han hecho efectivas? ¿Se les da seguimiento? ¿Alcanzan
sus objetivos? ¿Tienen consecuencias no deseadas?
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Estas
distintas etapas de la toma de decisiones son descritas de
diversas formas. Kingdon (1984: 3), por ejemplo, habla de
un conjunto de procesos que incluye, al menos:
1.
la definición de la agenda
2.
la especificación de las alternativas entre las
que debe hacerse una selección
3.
una selección convincente entre las alternativas
especificadas y
4.
la implementación de la decisión.
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Hogwood
y Gunn (1984) ofrecen un conjunto más detallado de
procesos:
1.
decidir decidir (búsqueda del asunto y definición
de la agenda)
2.
decidir cómo decidir (filtración de asuntos)
3.
definición del asunto
4.
pronósticos
5.
definición de objetivos y prioridades
6.
análisis de opciones
7.
implementación, seguimiento y control de políticas
8.
evaluación y revisión
9.
continuidad, secuencia o terminación de las políticas
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A
pesar de que existe poco desacuerdo entre los analistas de
políticas sobre las distintas etapas del proceso de
políticas, hay mucha disensión respecto a la
medida en que las políticas siguen un proceso racional
o lógico desde la identificación del problema
hasta la evaluación de las políticas. Muchos
alegarían que los modelos anteriores dan una impresión
falsa, porque implican que al hacer políticas se sigue
un proceso lineal a través de fases secuenciales, empezando
con la identificación del problema y terminando con
un conjunto de actividades para resolver ese problema. También,
debido a que se da tanta atención a la toma de decisiones,
parece que suele existir una línea invisible entre
las etapas 2 y 3 del primer modelo: que una vez que se toma
la decisión, la implementación se supone que
va a ocurrir.
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Obviamente
esto plantea muchas preguntas. Las políticas pueden
permanecer como intenciones que nunca son llevadas a la práctica
o pueden ser implementadas de formas que tergiversen las intenciones
originales de las autoridades normativas. De hecho, la anticipación
de las formas de implementación podría afectar
las políticas. Por ejemplo, a mediados de los setenta
el gobierno de la India quería extender la atención
primaria de la salud a las comunidades rurales y creían
que la forma de hacerlo era entrenar a los habitantes de los
pueblos durante períodos cortos, quienes después
podrían ofrecer atención rudimentaria de la
salud a sus vecinos. Sin embargo, el Gobierno Federal sabía
que la mayoría de los estados de la India estaban escépticos
sobre el valor de estos trabajadores y por lo tanto no se
interesaban en capacitarlos, y eran los estados los que eran
responsables de los servicios de atención de la salud.
El Gobierno Federal, por lo tanto, ofreció más
recursos financieros como incentivo para fomentar a los estados
a empezar con la capacitación y emplear trabajadores
de salud de los pueblos.
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¿Hacer
políticas es un proceso racional?
Hasta
aquí hemos sugerido que la toma de decisiones no está
completamente controlada por el gobierno. Si es correcto pensar
en el proceso de políticas de salud, como un proceso
esencialmente pluralista, ¿se puede suponer que un proceso
como este será racional, tomando en cuenta las distintas
perspectivas, y salir con políticas óptimas
y racionales? Se ha concentrado mucha atención en los
aspectos de nivel micro del proceso de políticas. Aquí
los analistas de políticas han observado de cerca a
los actores –las autoridades normativas- dentro de un escenario
organizacional, y preguntado en qué medida las autoridades
normativas son actores racionales que acumulan información,
escogen entre las opciones políticas y luego toman
el ‘mejor’ curso de acción. Se han sugerido tres modelos
básicos para considerar el problema de cuánto
racional es hacer políticas: el racional o sinóptico,
el incrementalista y el mixto.
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Modelos
racionales o sinópticos
Muchos
creen que las políticas o las decisiones se hacen/toman
de manera racional. O sea, que las autoridades normativas
van de manera lógica, a través de ciertas etapas,
a alcanzar las mejores políticas:
1.
La autoridad normativa se enfrenta con un problema particular
que puede ser distinguido de otros problemas o comparado
con otros problemas (por ejemplo, no hay suficientes
recursos financieros para ofrecer servicios de atención
primaria de salud de buena calidad).
2.
Las metas, valores u objetivos que guían a las
autoridades normativas son aclaradas y jerarquizadas según
su importancia (por ejemplo, metas de equidad –ofrecer
buenos servicios a todos- puede ser visto como secundario
respecto a las metas de eficacia- ofrecer servicios al
costo más bajo).
3.
Las distintas alternativas para lidiar con el problema
son consideradas (por ejemplo, aumento de impuestos, introducción
de tarifas en los establecimientos de atención
primaria de la salud, aumento en los costos de medicamentos
o de internamiento de pacientes, entre otros).
4.
Las consecuencias (costos y beneficios) de las selección
de cada alternativa son investigadas (por ejemplo, el
balance entre aumentar los ingresos introduciendo un costo
para el usuario por los servicios de salud y la disminución
correspondiente en la utilización de los servicios).
5.
Cada alternativa y sus consecuencias son comparadas con
otras alternativas.
6.
La autoridad normativa escoge la alternativa (y sus consecuencias)
que maximiza el logro de sus metas, valores u objetivos.
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El
resultado de este proceso es una decisión racional
– o sea, la que alcanza más efectivamente un determinado
fin.
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Sin
embargo, muchos cuestionan la utilidad de los modelos racionales
que prescriben cómo deben hacerse las políticas.
Alegan que las autoridades normativas tienen varias limitaciones
para actuar racionalmente. Primero, las autoridades normativas
no siempre enfrentan problemas concretos, definidos – tienen
que identificar o reconocer el problema primero. O aunque
un problema sea identificado – por ejemplo, fondos insuficientes
para la atención de la salud- puede ser difícil
identificar el problema específico: ¿es causado por
renuencia o incapacidad de pagar por los servicios o por una
demanda excesiva? La definición del problema puede
ser difícil para la autoridad normativa. Todo el asunto
del deterioro ambiental y el calentamiento del planeta es
tan grande, y los efectos tan desconocidos y tan internacionales,
que las autoridades normativas pueden estar perdidos en cuanto
a por dónde empezar el análisis, excepto a niveles
muy locales (por ejemplo, bajar el impuesto al combustible
libre de petróleo para estimular a los conductores
a usarlo). En muchas de las naciones de reciente industrialización,
donde los niveles de contaminación están alcanzando
niveles incómodos y tal vez hasta peligrosos, las complicaciones
(y los conflictos) de saber cómo formular las políticas
son enormes. Y si definir el problema no es sencillo, tampoco
lo es la aclaración de metas y objetivos, ni convertirlos
en políticas operacionales que puedan ser implementadas.
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En
segundo lugar, no es realista pensar que las autoridades normativas
tienen el tiempo, la imaginación y la información
disponible para hacer predicciones completas sobre los costos
y los beneficios de las distintas alternativas. La complejidad
de la tarea es tan grande y no se puede, por definición,
anticipar las consecuencias no deseadas.
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Tercero,
las autoridades normativas tienen sus principios. No son personas
objetivas. Tienen sus tipos favoritos de soluciones, formas
específicas de pensar sobre los problemas. Los neo-liberales
promoverán las políticas de privatización
y pueden ser reacios a introducir censura de libros o de películas.
Además las organizaciones no son homogéneas
–las personas que están en ellas y sus principios pueden
diferir entre sí o tener principios distintos a los
de la organización (por ejemplo, los servidores civiles
en el Reino Unido pueden pertenecer a cualquier partido político
pero deben servir al gobierno en el poder, lo que puede significar
formular políticas que están en conflicto con
sus propias ideas).
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Cuarto,
las políticas anteriores determinan las políticas
actuales. Puede no ser posible obtener una lista perfecta
de alternativas –algunas de estas estarían excluidas
debido a compromisos o inversiones anteriores.
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Como
respuesta a estas críticas, los teóricos racionales
han alegado que el modelo racional-sinóptico de hacer
políticas es un modelo ideal y que como tal es injusto
criticarlo como irreal o impracticable. Simon (1957) alega,
por ejemplo, que el modelo racional da una perspectiva deliberadamente
idealizada de cómo ocurre la toma de decisiones en
las organizaciones – y ofrece un ideal a seguir. Sugirió
que en la actualidad la mayoría de la toma de decisiones
debe ser descrita como que sigue un proceso de ‘racionalidad
limitada’. Esto involucra a la autoridad normativa en la selección
de una alternativa cuya intención no es maximizar sus
valores sino ser satisfactoria o suficientemente buena.
El término satisfactorio describe este proceso. En
otras palabras, Simon y otros dicen que las autoridades normativas
son intencionalmente racionales, pero trabajan dentro de muchas
limitaciones administrativas y burocráticas (como falta
de información adecuada), que significa que no siempre
son perfectamente racionales en sus elecciones de políticas.
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En
resumen, el modelo racional-sinóptico de hacer políticas
es un modelo ideal –con fuertes connotaciones prescriptivas-
que ofrece una teoría de la forma como las autoridades
normativas deben conducirse al tomar decisiones. El segundo
enfoque a la toma de decisiones asume un enfoque muy distinto
y descriptivo, y es, en parte, una respuesta al modelo racional.
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El
modelo incrementalista
El
incrementalismo evita algunos de los problemas de las teorías
racional-sinópticas y es más descriptivo de
la forma como las políticas se hacen en realidad. Puede
resumirse de la siguiente forma:
1.
La selección de metas u objetivos y las formas
de implementación están muy relacionadas
– y no difieren una de otra. De hecho, las autoridades
normativas suelen evitar pensar mucho o especificar
sus objetivos. Esto puede deberse a que están
conscientes de que hacerlo podría precipitar
conflicto más que acuerdo.
2.
Las autoridades normativas ven un pequeño número
de alternativas para lidiar con un problema y tienden
a elegir opciones que difieren solo marginalmente de las
políticas existentes.
3.
Para cada alternativa se consideran solo las consecuencias
más importantes.
4.
No existe una opción de políticas óptima:
la prueba de una buena decisión es que hay acuerdo
entre las autoridades normativas sobre la opción
elegida, sin suponer que es necesariamente la ‘mejor’
decisión.
5.
Hacer políticas en forma incremental es esencialmente
remedial, y se concentra en cambios pequeños a
las políticas existentes más que en considerar
grandes políticas futuras (por ejemplo, las políticas
nacionales sobre el ambiente). Las autoridades normativas
aceptan que pocos problemas se resuelven de una vez por
todas. Hacer políticas es un proceso en serie –hay
que regresar a los problemas en la medida que se corrigen
errores y se desarrollan nuevas líneas de ataque.
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El
más conocido de los incrementalistas es Lindblom (1959)
que describe el proceso de políticas como un proceso
de incrementalismo desarticulado o de salir del
paso a duras penas. Este proceso se deriva del pluralismo
de Lindblom: observa que el proceso de políticas está
afectado por el ajuste mutuo entre las partes –el proceso
de negociación y ajuste entre los distintos grupos
de interés (o partes) para influir en las políticas.
Lo que él está considerando es el proceso de
políticas empírico –qué está
pasando, más que (como las teorías racionales)
qué debería pasar.
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|
Por
lo tanto, Lindblom alega que normalmente, aunque no siempre,
lo que es factible políticamente, es solo incremental
o marginalmente diferente de las políticas existentes.
Las políticas drásticamente diferentes quedan
por fuera. Alega que esto no
es necesariamente malo porque concentra el análisis
de la autoridad normativa en la experiencia familiar y mejor
conocida y reduce mucho el número de políticas
alternativas que se deben explorar. Además, reduce
el número y la complejidad de factores que las autoridades
normativas tienen que analizar.
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En
su ensayo de 1979 ‘Todavía confundidos, sin salir del
paso’, Lindblom dice que se había convertido en ortodoxia
de los libros de texto que al hacer políticas, normalmente
solo era posible dar pasos pequeños o incrementales.
Pero continuaba diciendo que:
La
mayoría de la gente, incluyendo muchos analistas
de políticas y autoridades normativas, quieren
separar el ‘debe’ del ‘es’. Creen que deberíamos
tratar de hacer mejor las cosas. Yo también.
¿Cuál es el problema entonces? … Muchos …creen
que para solucionar problemas complejos se trata de
practicar el incrementalismo con mayor destreza y apartarse
de él muy rara vez (Lindblom 1979: 517).
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En
otras palabras, Lindblom defiende el incrementalismo como
un análisis deliberado y conscientemente incompleto,
que acepta que las autoridades normativas tienen que tomar
decisiones en un mundo político que introduce muchas
limitaciones al proceso.
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El
principal crítico del incrementalismo es Yezekial Dror
(1989), quien acusa a los incrementalistas de conservadores
– que se conforman con hacer cambios tan pequeños que
refuerzan la inercia y el status quo. Esto puede ser correcto,
alega Dror, en condiciones de mucha estabilidad social, donde
las políticas se implementan relativamente bien. Pero
donde estas no son las condiciones o donde se buscan cambios
sociales significativos, el incrementalismo no sería
apropiado.
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La
respuesta de Lindblom es que muy poco de la toma de decisiones
es revolucionaria –la mayor parte de ella cae dentro de la
categoría incremental. Cita a Abraham Lincoln y Thomas
Jefferson, quienes creían que la gente debía
tener el derecho de derrocar un gobierno y la revolución
ocasional era saludable para la política. Pero agrega
que:
No
es para disentir de ellos que he estado sosteniendo
que ‘salir del paso a duras penas’ o incrementalismo
… es o debe ser el método usual para hacer políticas.
Más bien se trata de que ni la revolución,
ni los cambios políticos drásticos, ni
siquiera grandes pasos cuidadosamente planeados son
posibles normalmente (Lindblom en McGrew y Wilson 1982:
131).
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Dror
favorece un modelo que puede funcionar como modelo ideal para
las autoridades normativas, e incluye la idea de extra-racionalidad
(uso de juicio, invención creativa, lluvia de ideas,
la brillante idea que surge inesperadamente en el baño).
Entonces, aunque simpatiza con la validez del incrementalismo
como una teoría descriptiva, siempre quiere un modelo
más normativo que funcione como un camino para fortalecer
y mejorar el proceso político.
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Modelos
de escrutinio mixto y modelos normativos óptimos
Etzione
también busca una posición intermedia entre
las teorías racionales e incrementalistas, e introduce
la noción de escrutinio mixto, la cual según
él es una buena descripción del proceso de las
políticas y a la vez, una forma de guiar el proceso
de las políticas. Esencialmente, el escrutinio mixto
involucra a la autoridad normativa en una amplia revisión
del área de las políticas, sin comprometerlo
en una exploración detallada de opciones como sugiere
el modelo racional. La idea se origina en un ejemplo militar:
los soldados son entrenados para hacer un escrutinio del área
frente a ellos para ver si el enemigo está ahí,
sin tomar en cuenta cada detalle, sino solo buscando las señales
principales. Etzioni usa un ejemplo de establecer un sistema
mundial de observación del tiempo usando satélites
de tiempo. Describe el enfoque racional como la búsqueda
de un escrutinio exhaustivo de condiciones del tiempo usando
cámaras con capacidad de observación detallada
y programando revisiones de todo el cielo tan frecuentes como
sea posible. Esto produciría una cantidad enorme de
detalles cuyo análisis requeriría mucho tiempo
y dinero. El incrementalista, por otra parte, se concentraría
solo en aquellas partes del cielo de las que se dispone información
por experiencia, ignorando todas las formaciones que podrían
merecer atención si aparecieran en áreas inesperadas.
El escrutinio mixto emplearía dos cámaras: un
lente de ángulo amplio que cubriría todas las
partes del cielo sin mucho detalle y otra que se concentraría
en aquellas áreas que la primera cámara revelara
como merecedoras de un examen más a fondo (Etzioni
1967).
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¿Un
debate artificial?
¿Cuán
reales son las diferencias entre estos distintos modelos de
hacer políticas? ¿Es principalmente un debate artificial
(Smith y May en McGrew y Wilson 1982)? Por otra parte, la
mayoría de los observadores aceptan que los modelos
racionales son descripciones más precisas de la forma
como mucha gente se imagina los procedimientos ideales de
hacer políticas. La crítica se centra en el
hecho de que los modelos racionales son empíricamente
inexactos o ilusorios: ASÍ NO SON LAS COSAS.
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Por
otra parte, hay un amplio grado de simpatía hacia la
perspectiva de que el enfoque incrementalista tiene mucha
validez como modelo empírico de cómo se hacen
las políticas. El criticismo se centra en su defensa
y aceptación conservadora del status quo: ASÍ
NO DEBEN SER LAS COSAS.
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Pero
el punto es que un modelo está describiendo un modelo
ideal de hacer políticas (cómo deberían
hacerse) y el otro describe lo que pasa realmente en el proceso
de políticas (cómo se hacen las políticas).
Ambos tienen validez, pero deben ser entendidos por aparte:
uno como modelo normativo o prescriptivo, el otro como modelo
explicativo o descriptivo.
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El
enfoque del escrutinio mixto puede cubrir tanto la prescripción
como la descripción, aunque esto está abierto
a discusión. El problema con los modelos racionales
y de escrutinio mixto es que restringen la toma de decisiones
al contexto organizacional y dejan poco espacio para las presiones
externas a las autoridades normativas. Lindblom, por otra
parte, es claro en su forma de ver el proceso de políticas
como un proceso influenciado por varios participantes y, por
tanto, partidario y parcial.
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Conclusiones
Dos
conclusiones principales emergen de esta forma de ver el poder
y el proceso en la toma de decisiones. La primera es que existe
la posibilidad de influir en las políticas de salud
en muchas sociedades, aunque está claro que esto depende
de la naturaleza del sistema político. La participación
puede ser débil o hasta estar ausente en los asuntos
principales o de política superior –que pueden estar
dominados por pequeños grupos de élites. Pero
en los asuntos ordinarios de políticas –las políticas
inferiores- el potencial para la participación suele
existir.
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La
segunda conclusión es que el análisis formal
del proceso de hacer políticas es útil en tanto
nos hace conscientes de la brecha entre los procedimientos
racionales y lo que ocurre principalmente en la práctica.
Sin embargo, la toma de decisiones públicas tiene que
ser entendida esencialmente como un proceso político,
más que como un proceso analítico de solución
de problemas. Los teóricos racionales, incluyendo Dror
y Etzioni, tienden a concentrarse en la dinámica del
proceso de solución de problemas, mientras Lindblom
ha batallado con la idea de los distintos intereses que influyen
en el proceso de hacer políticas.
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