Tema 2: Lectura 1

Tomado de:

Health Policy: An Introduction to Process and Power

Políticas de salud: Una introducción sobre el proceso y el poder

Por Gill Walt

Capítulo 3:

El proceso de las políticas y el poder

Las teorías sobre cómo hacer políticas tienen que ver con procesos. Constituyen modalidades de análisis que se concentran en procesos de toma de decisiones, pero algunos asumen una visión macro y otras una visión micro. Las teorías macro consideran esencialmente el poder en los sistemas políticos, y pueden ser diferenciadas por temas: consenso o conflicto. En el último capítulo vimos el enfoque de sistemas de Easton, que hacía énfasis en las respuestas de todo el sistema político a las demanda que le hacía el ambiente, y cómo las políticas retroalimentaban el sistema político para asegurar que el consenso permaneciera. En este modelo, el poder político se percibe como la habilidad del gobierno de decidir en forma colectiva y poner en práctica las políticas acordadas. El segundo tema –el enfoque de conflicto al sistema político- se concentra en quién hace políticas: un número pequeño de élites o muchos grupos diferentes. Desde esta perspectiva, el poder político consiste en la habilidad de imponer políticas que puedan tener oposición. Es un ‘problema del poder sobre otros, más que poder para lograr objetivos compartidos’ (Hague et al. 1992: 9).

Las teorías micro sobre cómo hacer políticas se concentran menos en los sistemas políticos y más en los mecanismos y la rutina administrativa de la toma de decisiones. Estas teorías varían a lo largo de un continuum de modelos de toma de decisiones de racionalidad en un extremo, a los modelos incrementalistas en el otro.

En este capítulo juntamos las teorías macro de consenso y conflicto, y las teorías micro de cómo hacer políticas, porque aún las micro-teorías sobre cómo se toman las decisiones deben lidiar con quién influye en las políticas. Plantean la pregunta: ¿es posible formular políticas racionales si muchos grupos insisten en que sus peticiones sean satisfechas?

Poder: ¿quién influye en las políticas?

Una forma muy común de ver la democracia es que hay muchas maneras en las cuales la gente puede participar en el proceso de políticas para influir en los gobiernos para que promuevan las políticas que quieren. Esta perspectiva no es universal, sin embargo, algunos alegan lo contrario: el poder está en manos de unos pocos, y la mayor parte de las políticas son decididas por un grupo pequeño de élites dentro del gobierno o hasta fuera de él. Este capítulo explora estas teorías para ver qué parece ser más relevante para las políticas de salud.

La perspectiva pluralista

La perspectiva pluralista clásica es que el poder está distribuido en toda la sociedad: que ningún grupo tiene todo el poder sobre otros. Los pluralistas basan sus argumentos en las observaciones siguientes dentro de las democracias liberales (Smith 1977):

1. La equidad política y el individualismo están protegidos por los derechos políticos fundamentales al voto y a la libertad de expresión. El acceso al gobierno está garantizado mediante la elección electoral, mediante el cabildeo y otras formas de actividad de presión grupal y mediante los medios masivos políticamente libres.

2. La debilidad del ciudadano individual se compensa con el derecho y la habilidad de todos de organizar grupos y asociaciones para la acción política. Este nivel de participación ciudadana permite cierto nivel de expresión de oposición que sirve para controlar o dirigir la disensión política.

3. El estado en una sociedad pluralista no es monolítico: se considera como un conjunto neutral de instituciones que juzga entre intereses sociales y económicos en conflicto.

4. Aunque el estado tiene sus élites, el estado pluralista se caracteriza por una pluralidad de élites. Ninguna élite particular domina todo el tiempo.

Lo que se espera de un proceso pluralista de políticas es que los resultados de las políticas sean sabios y en interés del público colectivo porque han logrado apoyo de mayorías y porque el gobierno es el árbitro insesgado entre muchos intereses rivales. Sin embargo, muchos cuestionan la perspectiva de que el estado (o gobierno) es un negociador neutral entre los distintos intereses. Por ejemplo, los teóricos de la elección pública alegan que, lejos de ver el sistema político como un sistema en que el gobierno mantiene el balance entre los diferentes grupos que batallan y negocian por sus propios intereses, el gobierno de hecho tiene mucho poder fuertemente enlazado a los intereses de otras instituciones poderosas como las militares, las fuentes de capital, los consejos de los bancos, las corporaciones grandes o transnacionales y hasta las organizaciones internacionales fuera del estado. Estas instituciones forman poderosas coaliciones de intereses, y solo promueven políticas que sirven sus propios intereses.

Por ejemplo, en los setenta, muchos observaron la existencia de coaliciones de intereses de la industria (representando el capital) y del ámbito laboral (representando a los trabajadores), que juntas formaron poderosos grupos de interés corporativos. Tales grupos se hicieron tan grandes (especialmente grupos empleado-empleador) que fueron regulados por unos pocos líderes que trataban con el gobierno, pero que estaban muy distantes de sus miembros fundamentalmente pasivos (a quienes representaban). Se alegaba que los gobiernos veían con buenos ojos el "corporalismo" porque era más fácil lidiar con un grupo poderoso que con muchos – y el estado también podía esperar que los líderes controlaran cualquier conflicto de intereses entre los miembros. Sin embargo, no siempre ocurrió así: el Trades Union Congress (TUC) en Gran Bretaña, un cuerpo corporativo que negocia con el gobierno de parte de muchos sindicatos del país, fue debilitado sistemáticamente por el gobierno en los ochenta, y las principales relaciones corporativas que quedaron fueron entre el gobierno y la comunidad empresarial. En Tailandia el gobierno estableció Comités de Coordinación Conjunta Pública y Privada (JPPCC) para diferentes sectores y uno central para la economía como un todo, para facilitar una estrecha coordinación entre los sectores público y privado. Los JPPCC han sido usados por las empresas para remitir quejas o peticiones al gobierno central (Bennett y Tangchroensathien 1994).

La perspectiva elitista

El marxismo ofrece la base teórica para muchas teorías elitistas que sugieren que la elección y el cambio de políticas está dominado por clases sociales particulares, y que la función primaria del estado es asegurar el dominio permanente de estas clases.

Estas teorías son apoyadas por alguna evidencia empírica que sugiere que los vínculos entre ciertas clases en la sociedad y las posiciones superiores de la toma de decisiones son muy estrechos. Un estudio en Gran Bretaña en los setenta mostró que el 40% de los tres rangos superiores del ejército británico estaban conectados por nacimiento o por matrimonio a los miembros de la élite económica o estatal –ministros de gabinete, diplomáticos de trayectoria y financistas principales. Un estudio clásico de los EEUU sugiere que tres grupos traslapados dominaban las posiciones superiores a nivel federal: líderes políticos, lideres de corporaciones y líderes militares, y que muchos de ellos habían ido a las mismas escuelas y universidades, algunos tenían incluso lazos de sangre (Wright Mills 1956). Hoy la teoría de Wright Mills podría ser considerada como una forma de corporalismo, que sostiene que los representantes electos han estado perdiendo poder frente a los intereses institucionales (grandes empresas, los militares y en algunos casos, los sindicatos) y frente a un núcleo interior más pequeño de las autoridades normativas del gobierno (Hague, Harrop y Breslin 1992).

En muchos países del Tercer Mundo, los burócratas, los empresarios, los profesionales, los militares y el gobierno forman círculos de políticas muy cerrados que constituyen, para todo propósito, una clase dominante o imperante. En algunos países, pueden ser tan pocos que pueden ser reconocidos como élites por sus apellidos.

Los elitistas concluyen que las formas pluralistas de ver el poder y la influencia en el proceso de política es incorrecta y basan sus argumentos en lo siguiente:

1. La élite política solo está abierta a los miembros de las clases económicamente dominantes – son ellos quienes realmente influyen en las políticas. Está claro que en algunos países esta élite es muy pequeña – incluye los militares y puede tener un dominio completo sobre el poder. Este es un patrón común en algunos países latinoamericanos y africanos.

2. Está claro que no todos los grupos de interés son igualmente poderosos. Están al frente de distintos niveles de recursos y tales inequidades afectan la medida en que su influencia se extiende. Los grupos que representan negocios (la industria de licores o la industria farmacéutica, por ejemplo, o grandes productores como los finqueros de tabaco) que afectan el crecimiento comercial y económico nacional tienen más influencia en las autoridades normativas del gobierno que los grupos que representan las industrias de servicio (peluqueros o enfermeras). En el campo de la salud, los profesionales médicos de alto nivel pueden tener un importante efecto directo o indirecto sobre, por ejemplo, las políticas sobre el potencial humano en el área de la salud. Los doctores suelen tener la última carta de negociación con los gobiernos – pueden dejar el país y practicar su profesión en otra parte. En lugares donde escasean, como en muchos países del Tercer Mundo, esto representa una amenaza real, aunque indirecta, para el gobierno. Los conserjes de los hospitales o las parteras no tienen el mismo nivel de influencia. El poder potencial de un sindicato empresarial (que puede llamar a todos sus miembros a huelga, con un daño potencial para la economía nacional) es mucho mayor y se siente más directamente que un grupo pacifista preocupado por el crecimiento en el armamento nuclear.

3. El pluralismo se concentra en el proceso de políticas del gobierno, pero ignora el poder que la dominación económica confiere fuera de las áreas de actividad estatal (especialmente entre las compañías transnacionales y las organizaciones internacionales). Las corporaciones transnacionales operan a través de las fronteras nacionales y pueden ejercer considerable presión sobre los gobiernos. Su arma final es retirar las inversiones. En los capítulos siguientes vemos cómo las corporaciones transnacionales de tabaco y licores han influido en las políticas de salud en muchos países de Europa Oriental y del Tercer Mundo. Muchas organizaciones internacionales están dominadas por los poderosos países industrializados, los cuales no solo han influenciado las condiciones del comercio mundial en detrimento del Tercer Mundo, sino también han sido capaces de obligar a algunos países del Tercer Mundo a introducir cambios drásticos en las políticas económicas domésticas. Muchos ministros de salud en África son testigo de la influencia de las organizaciones internacionales en el establecimiento de sus agendas de políticas. Por ejemplo, durante los ochenta la promoción entusiasta de la UNICEF de las intervenciones GOBI (seguimiento del crecimiento, rehidratación oral, lactancia e inmunización) limitó la búsqueda de otras políticas en algunos países.

Sin embargo, al analizar la forma como se desarrollan las políticas, muchos creen que la perspectiva elitista del sistema político exagera la capacidad de ejercer el poder de las élites. Las no-élites desafían las élites – y las políticas gubernamentales cubren tantas áreas que es fácil observar que hay múltiples grupos compitiendo por la consideración de asuntos específicos. Aún en los países en desarrollo, donde los grupos de interés no están siempre suficientemente organizados para ejercer presión efectiva sobre los oficiales de gobierno, ciertos grupos tendrán acceso al gobierno mediante, por ejemplo, los cuerpos profesionales o la iglesia. Hall et al. (1975) sugieren una teoría del poder conciliadora. Su idea de pluralismo limitado sugiere que los asuntos de política superior–básicamente cuestiones económicas- son decididos dentro de un esquema elitista, pero que la mayoría de las políticas domésticas de rutina sobre salud, educación, transporte y vivienda tienden a ser desarrolladas a lo largo de líneas pluralistas, con alguna participación de diferentes grupos en diferentes etapas del proceso de políticas. Puede ser que con los asuntos no controversiales haya espacio para maniobrar en el proceso de las políticas, y el gobierno puede estar abierto a influencias de distintas fuentes, en tanto las autoridades normativas del gobierno las perciban como legítimas. Por supuesto, puede alegarse que aún las políticas domésticas están afectadas por políticas económicas, y que por lo tanto, en última instancia, todas las políticas están en manos de una élite dominante. Sin embargo, esta es una negación tan fuerte de la habilidad de la gente para cambiar las políticas que yo todavía apoyaría la idea de que hay un espacio de políticas limitado en la mayoría de las democracias liberales y algunos otros sistemas políticos en los que hay campo para maniobrar, para desafiar y cambiar las políticas gubernamentales.

El mismo problema es considerado por Lindblom (1979), quien concluye que los asuntos de políticas se dividen en dos categorías: aquellos sobre problemas ordinarios de políticas, y aquellos que constituyen los grandes problemas relacionados con la estructura fundamental de la vida político-económica. Sobre la primera categoría ve muchos grupos participando activamente. Sobre los grandes asuntos sugiere que la participación es débil y hasta ausente:

En la política, el tratamiento de los grandes problemas está gobernado por un algo grado de homogeneidad de opinión –con fuerte endoctrinamiento, agregaría yo (Lindblom 1979: 523).

A muchos de estos asuntos se les da más seguimiento en el capítulo 6.

El proceso: ¿qué son las políticas y cómo se hacen?

Hasta ahora hemos deliberadamente usado las palabras toma de decisiones y hacer políticas como sinónimos. Algunos analistas diferencian las políticas de las decisiones más que nada porque las políticas son más que las decisiones –las políticas normalmente involucran una serie de decisiones específicas, algunas veces en una secuencia racional (Hogwood y Gunn 1984). Harrop (1992:1) sugiere que una decisión es una ‘selección más o menos explícita entre una gama de opciones’, mientras las políticas involucran ‘un conjunto de decisiones y cómo se llevan a la práctica’.

Sin embargo, en la vida diaria la distinción entre las políticas y las decisiones suele ser nebuloso: simplemente no pueden ser diferenciadas como niveles macro y micro de la realidad. Las autoridades normativas nunca empiezan con hojas en blanco de posibilidades infinitas –las decisiones previas afectan las políticas actuales. Las decisiones ad hoc de los gobiernos (sobre permisos de maternidad, escuelas maternales, horas de escuela) pueden en conjunto llevar a políticas implícitas obligatorias (desmotivar a las mujeres para unirse a la fuerza laboral). Por estas razones, en el esquema general de este libro, la toma de decisiones y hacer políticas se usan a menudo como sinónimos.

También hay confusión sobre lo que significa políticas y el contexto en que se usa. Un comentarista del escenario económico británico en cierto momento de incertidumbre hizo ver con sarcasmo:

Una palabra curiosa se está usando para describir la última ronda de improvisación económica del gobierno. Se le está llamando ‘políticas’ … ¿Cuáles políticas? Las políticas deben ser algo más que una convulsión eléctrica. Deben tener piernas para distancias más largas que las requeridas para ‘un arranque de crecimiento’. Deben tener algún fin a la vista más allá de ver un gobierno confuso durante el próximo mes (Ignatieff 1992: 25).

Continuó diciendo:

las políticas no tratan de sobrevivir hasta el viernes. Ni deben ser confundidas con estrategia, que es llegar a la Navidad. Las políticas es la selección de formas no contradictorias de lograr fines no contradictorios a mediano y largo plazo. Las políticas son el hilo de convicción que evita que un gobierno sea prisionero de los eventos … (Ignatieff 1992: 25).

Otros usos de las políticas señalados por Hogwood y Gunn (1984) son etiquetas para un campo de actividad (por ejemplo, hablar sobre las políticas económicas o las políticas sociales del gobierno), o como una expresión de propósito general o un estado deseado de cosas (por ejemplo, ‘las políticas del gobierno consisten en construir una nueva sociedad, libre de explotación’) o como una propuesta específica (por ejemplo, ‘las políticas de la universidad es dar a los estudiantes el derecho de participar en todos los cuerpos de gobierno dentro de la universidad a partir del año entrante’, o a veces se usan las políticas para referirse a un programa. Por ejemplo, el gobierno puede hablar sobre su programa de salud escolar, que incluye la legislación que impide a los niños empezar la escuela antes de ser completamente vacunados contra la mayoría de las enfermedades infantiles prevenibles con vacunación, y proveer para las inspecciones médicas, las comidas escolares subsidiadas y la educación de salud obligatoria en el currículum escolar. El programa es, entonces, la incorporación de las políticas para los niños de escuela.

En este libro las políticas se usan para referirse a una serie de actividades más o menos relacionadas y sus consecuencias deseadas y no deseadas para los interesados, más que una decisión aislada. Las políticas normalmente están dirigidas hacia el logro de algún propósito o meta y se definen como:

un curso de acción seguido por un actor o conjunto de actores para lidiar con un problema o asunto de preocupación (Anderson 1975: 3).

Las políticas públicas son aquellas políticas desarrolladas por los cuerpos y oficiales gubernamentales y se concentran en una acción intencional por o para los gobiernos. Las políticas involucran la decisión de actuar respecto a algún problema particular, pero incluye decisiones subsiguientes relacionadas con su implementación y cumplimiento. Las políticas deberían involucrar más que la intención o la declaración de intención –deben representar lo que los gobiernos realmente hacen. Sin embargo, dado que la elección del gobierno de no hacer algo puede representar sus políticas (varios gobiernos sucesivos de EEUU escogieron no introducir un sistema de salud universal, sino depender de las fuerzas del mercado para satisfacer las necesidades de salud de la gente), las políticas deben incluir lo que los gobiernos dicen que harán, lo que hacen realmente y lo que deciden no hacer. Al considerar las políticas públicas, estamos interesados en las instituciones formales del gobierno: ellos proveen la estructura dentro de la cual sucede el proceso de políticas.

Las políticas de salud abarcan los cursos de acción que afectan el conjunto de instituciones, organizaciones, servicios y arreglos de financiamiento del sistema de atención de la salud. Va más allá de los servicios de salud, pues incluye acciones o acciones deseadas por las organizaciones públicas, privadas y voluntarias que tienen un impacto en la salud. Esto significa que las políticas de salud consideran los efectos ambientales y socio-económicos sobre la salud, así como la provisión de atención de la salud. Sin embargo, muchos libros sobre política de salud se concentran solo en el sistema de atención de la salud. Nancy Milio (1987) prefiere hablar de políticas públicas saludables para diferenciar la definición amplia de la definición más limitada.

Tipos de políticas

Las políticas varían y el tipo de políticas puede afectar la conducta política. Una forma simple de diferenciar las políticas es dividirlas en ‘políticas superiores’ y ‘políticas inferiores’. Estos términos son tomados del campo de las relaciones internacionales, donde las políticas superiores se definen como:

la conservación de los valores centrales –incluyendo la auto-preservación nacional- y los objetivos a largo plazo del estado (Evans y Newnham 1992: 127).

Las políticas inferiores son asuntos que

no se ven como que involucren problemas fundamentales o claves relacionados con los intereses nacionales de un estado, o de grupos importantes y significativos dentro del estado (Evans y Newnham 1992: 184).

Por lo tanto, las decisiones económicas principales (devaluación de la moneda) o las crisis de seguridad nacional (conflictos de fronteras) son políticas superiores, y pueden estar influenciadas por unos pocos grupos poderosos que esencialmente constituyen lo que se llama una clase dominante. En estas situaciones, el gobierno tiende a relacionarse solo con grupos considerados importantes para la economía y la seguridad política de la nación (representantes de los sectores financieros y militares) y el proceso de políticas tiende a ser relativamente cerrado. En la salud, las reformas del sector salud pueden ser tratadas como política superior, dependiendo de la medida en que son percibidas por las autoridades normativas como algo crítico. La introducción de políticas esenciales sobre medicamentos o listas restringidas de medicamentos también puede ser asunto de políticas superiores, donde las políticas son definidas por unas pocas élites (ver recuadro 8.1 sobre Bangladesh). En este libro me refiero a las políticas que consideran asuntos de política superior como políticas sistémicas o macro políticas. Estas políticas son normalmente del dominio del gobierno, formuladas por el gobierno y pasadas como leyes mediante la legislación.

Sin embargo, sobre toda una serie de asuntos ordinarios –o de política inferior- el proceso de políticas puede ser mucho más abierto. Los grupos con intereses especiales pueden tener un acceso considerable al gobierno, y pueden tener oportunidades para influir en las políticas. Claro que esto varía mucho y es generalmente más común en los países desarrollados que en los países en desarrollo. Sin embargo, aún en los ambientes de políticas más cerrados de muchos países del Tercer Mundo, las organizaciones no gubernamentales, la iglesia y los grupos profesionales pueden influir en algunos tipos de políticas propias de la política inferior. En la salud, muchas políticas entrarían en la categoría de política inferior. Las políticas que consideran los asuntos de política inferior son denominadas políticas sectoriales o micro políticas. Las políticas sectoriales pueden no ser consideradas por el gobierno como un todo, sino más bien por el departamento responsable de ese sector o a niveles sub-nacionales, y pueden ser comunicados a través de circulares o cartas más que mediante la legislación. Estos diferentes tipos y niveles de políticas se presentan en el Cuadro 3.1, con ejemplos.

Cuadro 3.1 Tipos y niveles de políticas

 

Política superior

Política inferior

(‘políticas comunes’)

Tipo de políticas

Macro políticas

Políticas sistémicas

Micro políticas

Políticas sectoriales

Nivel de políticas

Gobierno nacional

Gobierno estatal

Autoridad regional

Ministro de Salud

Autoridad local de salud

Institución (ej. Clínica, hospital)

Ejemplo de políticas

Regulación del sector privado

Reforma de los salarios y condiciones del servicio civil

Introducción de tamizado de pecho

Cambio en las políticas de vacunas

Aunque esta visualización conceptual es útil, debe recordarse que las políticas pueden cambiar con las circunstancias: lo que parece ser un asunto de política inferior (la clausura de un hospital) puede convertirse en asunto de política superior debido a las acciones de varios intereses, incluyendo los medios. Igualmente, las políticas sistémicas pueden no ser percibidas como política superior en un determinado momento, pero lo será en otro. También las políticas sectoriales o micro políticas pueden causar cambios incrementales en las políticas, lo que a largo plazo, llega a ser un cambio de políticas sistémico.

Otra forma de pensar sobre los tipos de políticas es definirlas según sus efectos. Una tipología divide las políticas en distributivas, reguladoras, auto-reguladoras y redistributivas (Lowi 1964, adaptado de Palmer y Short 1989), aunque estas no son exclusivas. Las políticas distributivas consisten en la provisión de servicios o beneficios a grupos particulares en la población, que no resultan en ninguna desventaja o reducción obvia en los beneficios de otros grupos. Como tales no son particularmente controversiales y el proceso de políticas puede ser bastante abierto y encontrar poca resistencia de parte de los grupos de interés involucrados. La introducción de esquemas de trabajadores de salud a nivel de pueblos sería un ejemplo de una política distributiva. Las políticas reguladoras involucran la imposición de limitaciones o restricciones en la conducta de individuos o grupos (la prohibición de la práctica privada de enfermeras y médicos, por ejemplo). Debido a que están dirigidas a un sector relativamente reducido de la población, aunque son controversiales, no tienden a atraer la participación de muchos otros grupos de interés. Las políticas auto-reguladoras generalmente son procuradas por una organización como medida para controlar su propios intereses y puede introducirse para evitar la actividad de grupos de interés. La Federación Internacional de Asociaciones de Manufactura Farmacéutica introdujo un Código de Prácticas de Mercadeo para sus propios miembros en los ochenta para obstaculizar una ofensiva de muchos grupos distintos y algunas compañías farmacéuticas establecieron nuevos procedimientos para la publicidad y rotulación de medicamentos después de fuertes críticas de parte de grupos de consumidores. Y finalmente, las políticas redistributivas son aquellas que consisten en intentos deliberados del gobierno para cambiar la distribución del ingreso o de la riqueza (mediante impuestos progresivos, por ejemplo). Suelen ser muy controversiales y pueden generar fuertes intereses grupales tanto a favor como en contra.
En las políticas de salud, donde las políticas normalmente tienden a caer en la categoría de política inferior, como políticas distributivas o reguladoras, parece razonable ver el proceso de políticas como pluralista más que elitista. Muchos intereses distintos pueden expresarse en relación a las políticas de salud, desde grupos fuertes como los profesionales médicos o los productores farmacéuticos, hasta grupos relativamente débiles representantes de consumidores de servicios particulares (diabéticos o aquellos con necesidad de diálisis renal) y el gobierno tomará en cuenta estos grupos en algún momento del proceso de políticas (aunque no siempre). Esto no significa que las políticas de salud están siempre libres de controversia o son de política inferior. Los cambios vigentes en el financiamiento de los sistemas de salud, por ejemplo, han sido objeto de gran controversia en muchos países y los grupos de interés, como los profesionales médicos, han sido notablemente débiles al lidiar con determinados gobiernos. Como veremos en el Capítulo 6, los insumos pluralistas en la reforma del sector salud en Gran Bretaña durante los ochenta también fueron limitados.

Las cuatro etapas de la toma de decisiones

Debido a que las políticas son tan complejas, ha habido varios intentos de esbozar un esquema que simplifique un proceso que suele ser descrito como enredado, fortuito, aleatorio y, por tanto, sin apertura al análisis sistemático. El esquema de uso más común describe el proceso de hacer políticas por etapas o fases, desde la identificación del problema hasta la evaluación de las políticas.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y RECONOCIMIENTO DEL ASUNTO ¿Cómo llegan los asuntos a la agenda de políticas? ¿Por qué algunos asuntos ni siquiera se discuten?
FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS ¿Quién formula las políticas? ¿Cómo se formulan? ¿De dónde vienen las iniciativas?
IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS Se puede decir que es el aspecto más importante de las políticas –y sin embargo suele ser tomado a la ligera. ¿Cuáles son los recursos disponibles? ¿Quién debe estar involucrado? ¿Cómo puede insistirse en la implementación?
EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS ¿Qué pasa una vez que las políticas se han hecho efectivas? ¿Se les da seguimiento? ¿Alcanzan sus objetivos? ¿Tienen consecuencias no deseadas?

Estas distintas etapas de la toma de decisiones son descritas de diversas formas. Kingdon (1984: 3), por ejemplo, habla de un conjunto de procesos que incluye, al menos:

 

1. la definición de la agenda

2. la especificación de las alternativas entre las que debe hacerse una selección

3. una selección convincente entre las alternativas especificadas y

4. la implementación de la decisión.

Hogwood y Gunn (1984) ofrecen un conjunto más detallado de procesos:

 

1. decidir decidir (búsqueda del asunto y definición de la agenda)

2. decidir cómo decidir (filtración de asuntos)

3. definición del asunto

4. pronósticos

5. definición de objetivos y prioridades

6. análisis de opciones

7. implementación, seguimiento y control de políticas

8. evaluación y revisión

9. continuidad, secuencia o terminación de las políticas

A pesar de que existe poco desacuerdo entre los analistas de políticas sobre las distintas etapas del proceso de políticas, hay mucha disensión respecto a la medida en que las políticas siguen un proceso racional o lógico desde la identificación del problema hasta la evaluación de las políticas. Muchos alegarían que los modelos anteriores dan una impresión falsa, porque implican que al hacer políticas se sigue un proceso lineal a través de fases secuenciales, empezando con la identificación del problema y terminando con un conjunto de actividades para resolver ese problema. También, debido a que se da tanta atención a la toma de decisiones, parece que suele existir una línea invisible entre las etapas 2 y 3 del primer modelo: que una vez que se toma la decisión, la implementación se supone que va a ocurrir.
Obviamente esto plantea muchas preguntas. Las políticas pueden permanecer como intenciones que nunca son llevadas a la práctica o pueden ser implementadas de formas que tergiversen las intenciones originales de las autoridades normativas. De hecho, la anticipación de las formas de implementación podría afectar las políticas. Por ejemplo, a mediados de los setenta el gobierno de la India quería extender la atención primaria de la salud a las comunidades rurales y creían que la forma de hacerlo era entrenar a los habitantes de los pueblos durante períodos cortos, quienes después podrían ofrecer atención rudimentaria de la salud a sus vecinos. Sin embargo, el Gobierno Federal sabía que la mayoría de los estados de la India estaban escépticos sobre el valor de estos trabajadores y por lo tanto no se interesaban en capacitarlos, y eran los estados los que eran responsables de los servicios de atención de la salud. El Gobierno Federal, por lo tanto, ofreció más recursos financieros como incentivo para fomentar a los estados a empezar con la capacitación y emplear trabajadores de salud de los pueblos.

¿Hacer políticas es un proceso racional?

Hasta aquí hemos sugerido que la toma de decisiones no está completamente controlada por el gobierno. Si es correcto pensar en el proceso de políticas de salud, como un proceso esencialmente pluralista, ¿se puede suponer que un proceso como este será racional, tomando en cuenta las distintas perspectivas, y salir con políticas óptimas y racionales? Se ha concentrado mucha atención en los aspectos de nivel micro del proceso de políticas. Aquí los analistas de políticas han observado de cerca a los actores –las autoridades normativas- dentro de un escenario organizacional, y preguntado en qué medida las autoridades normativas son actores racionales que acumulan información, escogen entre las opciones políticas y luego toman el ‘mejor’ curso de acción. Se han sugerido tres modelos básicos para considerar el problema de cuánto racional es hacer políticas: el racional o sinóptico, el incrementalista y el mixto.

Modelos racionales o sinópticos

Muchos creen que las políticas o las decisiones se hacen/toman de manera racional. O sea, que las autoridades normativas van de manera lógica, a través de ciertas etapas, a alcanzar las mejores políticas:

1. La autoridad normativa se enfrenta con un problema particular que puede ser distinguido de otros problemas o comparado con otros problemas (por ejemplo, no hay suficientes recursos financieros para ofrecer servicios de atención primaria de salud de buena calidad).

2. Las metas, valores u objetivos que guían a las autoridades normativas son aclaradas y jerarquizadas según su importancia (por ejemplo, metas de equidad –ofrecer buenos servicios a todos- puede ser visto como secundario respecto a las metas de eficacia- ofrecer servicios al costo más bajo).

3. Las distintas alternativas para lidiar con el problema son consideradas (por ejemplo, aumento de impuestos, introducción de tarifas en los establecimientos de atención primaria de la salud, aumento en los costos de medicamentos o de internamiento de pacientes, entre otros).

4. Las consecuencias (costos y beneficios) de las selección de cada alternativa son investigadas (por ejemplo, el balance entre aumentar los ingresos introduciendo un costo para el usuario por los servicios de salud y la disminución correspondiente en la utilización de los servicios).

5. Cada alternativa y sus consecuencias son comparadas con otras alternativas.

6. La autoridad normativa escoge la alternativa (y sus consecuencias) que maximiza el logro de sus metas, valores u objetivos.

El resultado de este proceso es una decisión racional – o sea, la que alcanza más efectivamente un determinado fin.
Sin embargo, muchos cuestionan la utilidad de los modelos racionales que prescriben cómo deben hacerse las políticas. Alegan que las autoridades normativas tienen varias limitaciones para actuar racionalmente. Primero, las autoridades normativas no siempre enfrentan problemas concretos, definidos – tienen que identificar o reconocer el problema primero. O aunque un problema sea identificado – por ejemplo, fondos insuficientes para la atención de la salud- puede ser difícil identificar el problema específico: ¿es causado por renuencia o incapacidad de pagar por los servicios o por una demanda excesiva? La definición del problema puede ser difícil para la autoridad normativa. Todo el asunto del deterioro ambiental y el calentamiento del planeta es tan grande, y los efectos tan desconocidos y tan internacionales, que las autoridades normativas pueden estar perdidos en cuanto a por dónde empezar el análisis, excepto a niveles muy locales (por ejemplo, bajar el impuesto al combustible libre de petróleo para estimular a los conductores a usarlo). En muchas de las naciones de reciente industrialización, donde los niveles de contaminación están alcanzando niveles incómodos y tal vez hasta peligrosos, las complicaciones (y los conflictos) de saber cómo formular las políticas son enormes. Y si definir el problema no es sencillo, tampoco lo es la aclaración de metas y objetivos, ni convertirlos en políticas operacionales que puedan ser implementadas.
En segundo lugar, no es realista pensar que las autoridades normativas tienen el tiempo, la imaginación y la información disponible para hacer predicciones completas sobre los costos y los beneficios de las distintas alternativas. La complejidad de la tarea es tan grande y no se puede, por definición, anticipar las consecuencias no deseadas.
Tercero, las autoridades normativas tienen sus principios. No son personas objetivas. Tienen sus tipos favoritos de soluciones, formas específicas de pensar sobre los problemas. Los neo-liberales promoverán las políticas de privatización y pueden ser reacios a introducir censura de libros o de películas. Además las organizaciones no son homogéneas –las personas que están en ellas y sus principios pueden diferir entre sí o tener principios distintos a los de la organización (por ejemplo, los servidores civiles en el Reino Unido pueden pertenecer a cualquier partido político pero deben servir al gobierno en el poder, lo que puede significar formular políticas que están en conflicto con sus propias ideas).
Cuarto, las políticas anteriores determinan las políticas actuales. Puede no ser posible obtener una lista perfecta de alternativas –algunas de estas estarían excluidas debido a compromisos o inversiones anteriores.
Como respuesta a estas críticas, los teóricos racionales han alegado que el modelo racional-sinóptico de hacer políticas es un modelo ideal y que como tal es injusto criticarlo como irreal o impracticable. Simon (1957) alega, por ejemplo, que el modelo racional da una perspectiva deliberadamente idealizada de cómo ocurre la toma de decisiones en las organizaciones – y ofrece un ideal a seguir. Sugirió que en la actualidad la mayoría de la toma de decisiones debe ser descrita como que sigue un proceso de ‘racionalidad limitada’. Esto involucra a la autoridad normativa en la selección de una alternativa cuya intención no es maximizar sus valores sino ser satisfactoria o suficientemente buena. El término satisfactorio describe este proceso. En otras palabras, Simon y otros dicen que las autoridades normativas son intencionalmente racionales, pero trabajan dentro de muchas limitaciones administrativas y burocráticas (como falta de información adecuada), que significa que no siempre son perfectamente racionales en sus elecciones de políticas.
En resumen, el modelo racional-sinóptico de hacer políticas es un modelo ideal –con fuertes connotaciones prescriptivas- que ofrece una teoría de la forma como las autoridades normativas deben conducirse al tomar decisiones. El segundo enfoque a la toma de decisiones asume un enfoque muy distinto y descriptivo, y es, en parte, una respuesta al modelo racional.

El modelo incrementalista

El incrementalismo evita algunos de los problemas de las teorías racional-sinópticas y es más descriptivo de la forma como las políticas se hacen en realidad. Puede resumirse de la siguiente forma:

1. La selección de metas u objetivos y las formas de implementación están muy relacionadas – y no difieren una de otra. De hecho, las autoridades normativas suelen evitar pensar mucho o especificar sus objetivos. Esto puede deberse a que están conscientes de que hacerlo podría precipitar conflicto más que acuerdo.

2. Las autoridades normativas ven un pequeño número de alternativas para lidiar con un problema y tienden a elegir opciones que difieren solo marginalmente de las políticas existentes.

3. Para cada alternativa se consideran solo las consecuencias más importantes.

4. No existe una opción de políticas óptima: la prueba de una buena decisión es que hay acuerdo entre las autoridades normativas sobre la opción elegida, sin suponer que es necesariamente la ‘mejor’ decisión.

5. Hacer políticas en forma incremental es esencialmente remedial, y se concentra en cambios pequeños a las políticas existentes más que en considerar grandes políticas futuras (por ejemplo, las políticas nacionales sobre el ambiente). Las autoridades normativas aceptan que pocos problemas se resuelven de una vez por todas. Hacer políticas es un proceso en serie –hay que regresar a los problemas en la medida que se corrigen errores y se desarrollan nuevas líneas de ataque.

El más conocido de los incrementalistas es Lindblom (1959) que describe el proceso de políticas como un proceso de incrementalismo desarticulado o de salir del paso a duras penas. Este proceso se deriva del pluralismo de Lindblom: observa que el proceso de políticas está afectado por el ajuste mutuo entre las partes –el proceso de negociación y ajuste entre los distintos grupos de interés (o partes) para influir en las políticas. Lo que él está considerando es el proceso de políticas empírico –qué está pasando, más que (como las teorías racionales) qué debería pasar.
Por lo tanto, Lindblom alega que normalmente, aunque no siempre, lo que es factible políticamente, es solo incremental o marginalmente diferente de las políticas existentes. Las políticas drásticamente diferentes quedan por fuera. Alega que esto no es necesariamente malo porque concentra el análisis de la autoridad normativa en la experiencia familiar y mejor conocida y reduce mucho el número de políticas alternativas que se deben explorar. Además, reduce el número y la complejidad de factores que las autoridades normativas tienen que analizar.

En su ensayo de 1979 ‘Todavía confundidos, sin salir del paso’, Lindblom dice que se había convertido en ortodoxia de los libros de texto que al hacer políticas, normalmente solo era posible dar pasos pequeños o incrementales. Pero continuaba diciendo que:

La mayoría de la gente, incluyendo muchos analistas de políticas y autoridades normativas, quieren separar el ‘debe’ del ‘es’. Creen que deberíamos tratar de hacer mejor las cosas. Yo también. ¿Cuál es el problema entonces? … Muchos …creen que para solucionar problemas complejos se trata de practicar el incrementalismo con mayor destreza y apartarse de él muy rara vez (Lindblom 1979: 517).

 
En otras palabras, Lindblom defiende el incrementalismo como un análisis deliberado y conscientemente incompleto, que acepta que las autoridades normativas tienen que tomar decisiones en un mundo político que introduce muchas limitaciones al proceso.
El principal crítico del incrementalismo es Yezekial Dror (1989), quien acusa a los incrementalistas de conservadores – que se conforman con hacer cambios tan pequeños que refuerzan la inercia y el status quo. Esto puede ser correcto, alega Dror, en condiciones de mucha estabilidad social, donde las políticas se implementan relativamente bien. Pero donde estas no son las condiciones o donde se buscan cambios sociales significativos, el incrementalismo no sería apropiado.

La respuesta de Lindblom es que muy poco de la toma de decisiones es revolucionaria –la mayor parte de ella cae dentro de la categoría incremental. Cita a Abraham Lincoln y Thomas Jefferson, quienes creían que la gente debía tener el derecho de derrocar un gobierno y la revolución ocasional era saludable para la política. Pero agrega que:

No es para disentir de ellos que he estado sosteniendo que ‘salir del paso a duras penas’ o incrementalismo … es o debe ser el método usual para hacer políticas. Más bien se trata de que ni la revolución, ni los cambios políticos drásticos, ni siquiera grandes pasos cuidadosamente planeados son posibles normalmente (Lindblom en McGrew y Wilson 1982: 131).

 
Dror favorece un modelo que puede funcionar como modelo ideal para las autoridades normativas, e incluye la idea de extra-racionalidad (uso de juicio, invención creativa, lluvia de ideas, la brillante idea que surge inesperadamente en el baño). Entonces, aunque simpatiza con la validez del incrementalismo como una teoría descriptiva, siempre quiere un modelo más normativo que funcione como un camino para fortalecer y mejorar el proceso político.

Modelos de escrutinio mixto y modelos normativos óptimos

Etzione también busca una posición intermedia entre las teorías racionales e incrementalistas, e introduce la noción de escrutinio mixto, la cual según él es una buena descripción del proceso de las políticas y a la vez, una forma de guiar el proceso de las políticas. Esencialmente, el escrutinio mixto involucra a la autoridad normativa en una amplia revisión del área de las políticas, sin comprometerlo en una exploración detallada de opciones como sugiere el modelo racional. La idea se origina en un ejemplo militar: los soldados son entrenados para hacer un escrutinio del área frente a ellos para ver si el enemigo está ahí, sin tomar en cuenta cada detalle, sino solo buscando las señales principales. Etzioni usa un ejemplo de establecer un sistema mundial de observación del tiempo usando satélites de tiempo. Describe el enfoque racional como la búsqueda de un escrutinio exhaustivo de condiciones del tiempo usando cámaras con capacidad de observación detallada y programando revisiones de todo el cielo tan frecuentes como sea posible. Esto produciría una cantidad enorme de detalles cuyo análisis requeriría mucho tiempo y dinero. El incrementalista, por otra parte, se concentraría solo en aquellas partes del cielo de las que se dispone información por experiencia, ignorando todas las formaciones que podrían merecer atención si aparecieran en áreas inesperadas. El escrutinio mixto emplearía dos cámaras: un lente de ángulo amplio que cubriría todas las partes del cielo sin mucho detalle y otra que se concentraría en aquellas áreas que la primera cámara revelara como merecedoras de un examen más a fondo (Etzioni 1967).

¿Un debate artificial?

¿Cuán reales son las diferencias entre estos distintos modelos de hacer políticas? ¿Es principalmente un debate artificial (Smith y May en McGrew y Wilson 1982)? Por otra parte, la mayoría de los observadores aceptan que los modelos racionales son descripciones más precisas de la forma como mucha gente se imagina los procedimientos ideales de hacer políticas. La crítica se centra en el hecho de que los modelos racionales son empíricamente inexactos o ilusorios: ASÍ NO SON LAS COSAS.

Por otra parte, hay un amplio grado de simpatía hacia la perspectiva de que el enfoque incrementalista tiene mucha validez como modelo empírico de cómo se hacen las políticas. El criticismo se centra en su defensa y aceptación conservadora del status quo: ASÍ NO DEBEN SER LAS COSAS.
Pero el punto es que un modelo está describiendo un modelo ideal de hacer políticas (cómo deberían hacerse) y el otro describe lo que pasa realmente en el proceso de políticas (cómo se hacen las políticas). Ambos tienen validez, pero deben ser entendidos por aparte: uno como modelo normativo o prescriptivo, el otro como modelo explicativo o descriptivo.
El enfoque del escrutinio mixto puede cubrir tanto la prescripción como la descripción, aunque esto está abierto a discusión. El problema con los modelos racionales y de escrutinio mixto es que restringen la toma de decisiones al contexto organizacional y dejan poco espacio para las presiones externas a las autoridades normativas. Lindblom, por otra parte, es claro en su forma de ver el proceso de políticas como un proceso influenciado por varios participantes y, por tanto, partidario y parcial.

Conclusiones

Dos conclusiones principales emergen de esta forma de ver el poder y el proceso en la toma de decisiones. La primera es que existe la posibilidad de influir en las políticas de salud en muchas sociedades, aunque está claro que esto depende de la naturaleza del sistema político. La participación puede ser débil o hasta estar ausente en los asuntos principales o de política superior –que pueden estar dominados por pequeños grupos de élites. Pero en los asuntos ordinarios de políticas –las políticas inferiores- el potencial para la participación suele existir.

La segunda conclusión es que el análisis formal del proceso de hacer políticas es útil en tanto nos hace conscientes de la brecha entre los procedimientos racionales y lo que ocurre principalmente en la práctica. Sin embargo, la toma de decisiones públicas tiene que ser entendida esencialmente como un proceso político, más que como un proceso analítico de solución de problemas. Los teóricos racionales, incluyendo Dror y Etzioni, tienden a concentrarse en la dinámica del proceso de solución de problemas, mientras Lindblom ha batallado con la idea de los distintos intereses que influyen en el proceso de hacer políticas.

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